Hay declaraciones públicas que son simples comunicados. Y hay declaraciones que son un síntoma. La que publicó este domingo Samuel Pereyra Rojas pertenece a la segunda categoría. No porque el funcionario haya revelado un secreto de Estado ni porque su caso sea el primero de su tipo. Sino porque un hombre que dirigió el Banco de Reservas en plena pandemia, que hoy preside el Consejo de la Refinería Dominicana de Petróleo, se vio obligado a salir a defenderse públicamente de alguien que lo amenazó con destruir a su familia si no le pagaba.

Eso se llama extorsión. Y en la República Dominicana de 2026, ocurre a través de Instagram, Facebook y TikTok, con miles de seguidores como cómplices involuntarios y sin que nadie lo llame por su nombre.

"Cuando el servicio público se convierte en una invitación al chantaje, el Estado pierde a los mejores. Y el país lo paga sin saberlo."

El mecanismo que Pereyra describió con precisión quirúrgica

La declaración de Pereyra no es un desahogo emocional. Es una descripción metodológica de cómo opera el chantaje digital institucionalizado en la República Dominicana. El esquema es sencillo y brutalmente eficaz: acercarse a una figura pública, solicitar una "ayuda económica", y al recibir un no, activar una campaña de desprestigio en redes sociales. Si la reputación personal no alcanza, se sube la apuesta: los hijos, la familia, los menores.

Lo que hace el caso Pereyra diferente a otros es que el funcionario decidió no ceder y no callar. Interpuso una demanda en Florida —donde reside el demandado— el 1 de mayo de 2026, mucho antes de hacer la declaración pública. Actuó primero con la ley y luego con las palabras. Esa secuencia importa.

La pregunta incómoda que nadie quiere hacer

Si un funcionario del perfil de Samuel Pereyra —con acceso a recursos legales, asesores y visibilidad pública— tardó en hablar y optó primero por la vía judicial internacional, ¿qué ocurre con los que no tienen esos recursos? ¿Cuántos empresarios dominicanos, cuántos funcionarios de segundo nivel, cuántos profesionales han cedido al chantaje silenciosamente porque el costo de resistir era demasiado alto?

Esta es la pregunta que el caso Pereyra instala en el debate público y que nadie, hasta hoy, ha respondido con datos. La extorsión digital no es un fenómeno marginal en República Dominicana. Es una industria informal que opera en la intersección entre el anonimato de las redes, la debilidad del sistema judicial digital y la cultura del silencio que privilegia "arreglarlo por las buenas" sobre denunciar.

"La extorsión digital no es un fenómeno marginal. Es una industria informal que prospera en el silencio de los que pueden pero no denuncian."

Democracia vaciada desde adentro

El argumento más contundente de la declaración de Pereyra es también el más difícil de rebatir: cuando ciudadanos de bien ven que el servicio público puede significar que ataquen a sus hijos y persigan a su familia, muchos deciden no participar. La democracia dominicana no se vacía solo con fraude electoral o corrupción institucional. Se vacía también cuando el talento decide quedarse en el sector privado —o en el exterior— porque el costo personal de servir es demasiado alto.

Ese vaciamiento silencioso, producido por el miedo al escarnio digital y el chantaje de las redes, es tan dañino para la institucionalidad como cualquier acto de corrupción. Y sin embargo, no tiene ley específica, no tiene fiscalía especializada, no tiene protocolo de respuesta del Estado.

Lo que está en juego: La demanda de Pereyra en Florida es un caso de difamación transnacional. Si prospera, podría sentar un precedente importante para dominicanos que son atacados desde el exterior a través de plataformas digitales. La jurisdicción de Miami-Dade fue establecida precisamente porque los contenidos difamatorios fueron publicados y accedidos en Florida, causando daño reputacional en ese estado y en la República Dominicana.

Libertad de expresión no es impunidad para el chantaje

Pereyra fue cuidadoso en un punto que este editorial subraya: distinguió explícitamente entre crítica legítima y extorsión. La prensa libre, la crítica al poder, el periodismo de denuncia son pilares de la democracia que Revista Quisqueya defiende sin ambigüedad. Pero el ejercicio de esos derechos no incluye extorsionar a funcionarios públicos, difamar a sus familias ni explotar imágenes de menores de edad como moneda de presión.

Esa distinción es fundamental y en el debate dominicano se ha ido borrando peligrosamente. Todo el que denuncia se llama periodista. Todo el que ataca en redes se llama activista. Y en esa confusión semántica, los que ejercen el chantaje encuentran un manto de legitimidad que no merecen.

Lo que esperamos que pase ahora

El caso está en los tribunales de Florida. La justicia dominicana, que tiene jurisdicción sobre los daños causados en el país, debería observar este proceso con atención y evaluar si existen acciones paralelas que proteger. El Congreso Nacional debería discutir con urgencia legislación específica sobre extorsión y difamación digital. Y la sociedad civil —empresarios, gremios, medios de comunicación— debería tomar la declaración de Pereyra como lo que es: una convocatoria, no un pleito privado.

Porque mientras el chantaje digital siga siendo más rentable que costoso en este país, seguirá operando. Y seguirá costándonos, a todos, los mejores.

— Revista Quisqueya · Editorial · 17 de mayo de 2026 —