Denuncian nuevo Código Penal instaura Ley Mordaza que amenaza ejercicio del Periodismo

CONFLICTO LEGISLATIVO: ORGANIZACIONES ACUDEN AL CONGRESO NACIONAL Y ADVIERTEN QUE EL PROYECTO BLINDA A LOS POLÍTICOS FRENTE AL CUESTIONAMIENTO PÚBLICO EN VIOLACIÓN A LAS SENTENCIAS DEL TC

SANTO DOMINGO, RD.– En el marco de los álgidos debates que rodean la reforma del marco punitivo del Estado dominicano, las organizaciones jurídicas y civiles Acción Dominicana (ACDIONA RD), la Fundación Primero Justicia y decenas de activistas cívicos acudieron este martes a la sede del Congreso Nacional. La comitiva denunció formalmente que el actual proyecto de reforma del Nuevo Código Penal instaura de manera fáctica una de las denominadas "Leyes Mordaza", amenazando gravemente el libre ejercicio del periodismo, el derecho a la libre expresión y las libertades cívicas fundamentales en los entornos digitales.

De acuerdo con el manifiesto depositado ante la secretaría de la cámara baja, la pieza legislativa bajo estudio contempla un entramado de penas desproporcionadas de hasta 10 años de reclusión por supuestos delitos de opinión. Asimismo, el colectivo jurídico alertó sobre la introducción de un articulado restrictivo que prohíbe la publicación y difusión de imágenes, videos o audios de funcionarios y entidades gubernamentales sin el consentimiento previo del incumbente, imponiendo condenas de hasta 5 años de prisión, incluso si los registros audiovisuales fueron captados en espacios o vías públicas.

Exigen la derogación de los artículos de censura ante la Cámara Baja

La delegación de la Fundación Primero Justicia, encabezada por su presidente, el jurista Miguel Surun Hernández, junto a los directivos Carmen Julia Minaya, Andreina Montero y Oscar Amadis, entregó un documento técnico-legal a los legisladores exigiendo la modificación inmediata y la derogación absoluta de los artículos 182, 208 y 310 del proyecto. La instancia solicita que se elimine por completo el delito de difamación e injuria cuando involucre a servidores del sector público.

Surun Hernández calificó la iniciativa en debate como un "golpe de Estado informativo", arguyendo que el régimen sancionador propuesto busca estructurar un blindaje corporativo e institucional para que la clase política opere el manejo de los fondos del erario sin el escrutinio de los medios de comunicación y de la ciudadanía.

“Lo que se busca con este proyecto es blindar y librar a los políticos y funcionarios públicos de los cuestionamientos que en democracia le corresponden hacer a los ciudadanos y a la prensa. Es una ley de censura que pondría en peligro el rol de los medios de comunicación y de la población en general en el ejercicio cívico y democrático de generar opinión pública por las redes sociales”.

— Miguel Surun Hernández, presidente de la Fundación Primero Justicia.

Alertas sobre violaciones a la Constitución y la Jurisprudencia del TC

El también expresidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana argumentó que el contenido actual del proyecto vulnera de manera frontal el artículo 49 de la Constitución de la República, el cual consagra de forma explícita la Libertad de Expresión e Información y prohíbe taxativamente el establecimiento de cualquier mecanismo de censura previa.

En el plano judicial, el bloque de juristas recordó que el articulado propuesto por el Congreso entra en abierta contradicción con el criterio jurisprudencial sentado por el Tribunal Constitucional (TC). Los activistas citaron las sentencias TC/1148/25 y el histórico fallo precedente TC/0075/16, dictámenes en los cuales la alta corte de la nación estipuló con carácter vinculante y definitivo la prohibición de imponer penas privativas de libertad (cárcel) para sancionar los delitos de difamación e injuria en el territorio nacional.

Asimismo, la denuncia formal señala que las medidas restrictivas violan pactos internacionales de rango constitucional como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Art. 13), que obliga a los Estados firmantes a proteger la libertad de buscar, recibir y difundir datos sobre anomalías administrativas, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 19), que garantiza que ningún ciudadano dominicano podrá ser molestado a causa de sus opiniones periodísticas o personales en el ecosistema democrático.

Cuadro Jurídico: Análisis de Artículos Cuestionados en el Código Penal y Conflicto Constitucional

Sección de Derecho Constitucional, Libertad de Prensa y Crónica Parlamentaria. Santo Domingo, Distrito Nacional, R.D. – Martes 16 de junio de 2026. Análisis e informe periodístico institucional redactado a partir del documento oficial de tacha legislativa, las actas jurisprudenciales del Tribunal Constitucional dominicano y las declaraciones recogidas en la explanada del Congreso Nacional de la República Dominicana.