CRISIS LABORAL: LOS TRABAJADORES AFECTADOS EXIGEN LA INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE LUIS ABINADER Y CRITICAN QUE SUS DERECHOS ADQUIRIDOS ESTÉN CONDICIONADOS AL PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN MERCANTIL. Un grupo de 82 exempleados de la empresa minera Falconbridge Dominicana (Falcondo) denunció públicamente que han transcurrido más de 125 días desde la terminación formal de sus contratos de trabajo sin que la corporación haya hecho efectivo el pago de sus prestaciones laborales. La falta de desembolso mantiene a decenas de familias de la zona en una situación de extrema vulnerabilidad e incertidumbre económica. A través de un comunicado oficial, los afectados solicitaron la intervención directa del presidente de la República, Luis Abinader, señalando que el Estado dominicano, en su condición de accionista histórico de la empresa metalúrgica, posee los mecanismos institucionales para destrabar los fondos retenidos y asegurar el cumplimiento de la legislación laboral vigente. Trabas burocráticas y el uso de créditos fiscales de la DGII La parálisis en los pagos se mantiene a pesar de que la propia Falconbridge Dominicana notificó formalmente a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y al Ministerio de Trabajo su intención de saldar las prestaciones utilizando los créditos fiscales acumulados por concepto de ITBIS retenido. El estatus técnico del conflicto se desglosa en los siguientes puntos: Conformidad sin ejecución: Aunque la DGII manifestó el pasado mes de abril su conformidad para liberar dichos recursos con destino exclusivo al pago laboral, el desembolso fue congelado y condicionado por el tribunal que lleva el caso de reestructuración mercantil de la minera. Prioridad jurídica vulnerada: Los extrabajadores manifestaron su rechazo a esta subordinación judicial, recordando que, conforme al Código de Trabajo y las leyes comerciales del país, las acreencias laborales gozan de un privilegio universal y una prioridad absoluta en el orden de pagos, por lo que no deberían dilatarse a expensas de litigios corporativos. “Somos 82 exempleados. Familias enteras que esperan el pago de sus prestaciones laborales. Muchos de nosotros dedicamos entre 10 y más de 30 años de servicio productivo a la empresa y actualmente enfrentamos serias dificultades económicas”. — Comunicado oficial de los exempleados de Falconbridge. Únete a nuestra comunidad ● Instagram Facebook Nuevos plazos judiciales prolongan la espera La situación amenaza con extenderse aún más debido a las recientes disposiciones del tribunal de reestructuración penal y mercantil, el cual ordenó en su última sesión realizar nuevas correcciones técnicas al informe presentado por el verificador independiente del proceso. El tribunal fijó como fecha límite para la entrega de este informe corregido el próximo 4 de agosto de 2026. Los afectados catalogaron esta nueva prórroga como una muestra de inacción por parte de los estamentos reguladores, quienes, a pesar de conocer la existencia de los fondos líquidos y el profundo impacto social de la demora, continúan postergando una solución definitiva. Matriz del Conflicto Laboral y Estatus del Proceso Mercantil La siguiente tabla resume los datos clave, las instituciones estatales involucradas y el cronograma del proceso al 13 de julio de 2026: Componente TécnicoDatos Estadísticos / FinancierosInstituciones InvolucradasEstatus del Conflicto y Próximas FechasPoblación Afectada82 exempleados (con antigüedad de 10 a más de 30 años).Ministerio de Trabajo / Falcondo.125 días en espera de sus derechos adquiridos.Origen de los FondosCréditos fiscales por concepto de ITBIS retenido.Dirección General de Impuestos Internos (DGII).Aprobado por la DGII en abril; condicionado por el tribunal.Traba LegalProceso de reestructuración mercantil y de acreedores.Tribunal de Reestructuración Mercantil.Fondos congelados bajo el amparo de la litis corporativa.Próximo HitoEntrega del informe técnico del verificador enmendado.Verificador Independiente Judicial.Plazo vence el 4 de agosto de 2026, extendiendo la parálisis. Navegación de entradas Faride Raful: "Si un agente policial actuó mal, tendrá que responder ante la ley"
