EE.UU. ratifica fallo contra RD y obliga pago millonario por vertedero de Duquesa


WASHINGTON D.C. — En una decisión que impacta las finanzas públicas y la seguridad jurídica del país, una jueza federal de los Estados Unidos confirmó un laudo arbitral internacional que obliga a la República Dominicana a pagar aproximadamente 44 millones de dólares al empresario Michael Lee-Chin. El fallo definitivo está vinculado a la expropiación de la administración del vertedero de Duquesa.

La jueza de distrito Colleen Kollar-Kotelly ratificó la sentencia el pasado 31 de marzo de 2026, desestimando los recursos presentados por el Estado dominicano para intentar anular la condena económica.

Origen del litigio: La crisis de Lajun

El conflicto legal tiene sus raíces en el año 2013, cuando el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte decidió rescindir el contrato con la empresa Lajun Corporation. Las autoridades de entonces justificaron la medida alegando riesgos ambientales e incumplimientos operativos.

Sin embargo, para esa fecha, el inversionista jamaiquino-canadiense Michael Lee-Chin ya poseía el 90% de las acciones de la empresa, por lo que la intervención del vertedero fue denunciada como una expropiación ilegal bajo el marco del Tratado de Libre Comercio con Caricom.

Desglose de la condena

El tribunal arbitral internacional, y ahora la justicia estadounidense, determinó que el Estado dominicano violó los principios de trato justo y equitativo. El monto a pagar se divide de la siguiente manera:

  • US$38.7 millones: Por concepto de expropiación de la inversión.
  • US$4.8 millones: Por trato inequitativo durante el proceso.
  • Total: Superior a los US$43.6 millones, sin incluir intereses acumulados ni costos legales adicionales.

"El tribunal estadounidense desestimó los intentos del Estado dominicano de anular la sentencia, consolidando una obligación de pago que pone fin a casi una década de litigio internacional."Resumen de la sentencia judicial.


Un precedente para la inversión extranjera

La ratificación de este pago representa no solo un compromiso financiero para el presupuesto nacional, sino un recordatorio sobre la importancia de la seguridad jurídica en los contratos públicos. El caso Duquesa vuelve al centro del debate como un ejemplo de los riesgos que conllevan las decisiones municipales sobre concesiones internacionales cuando no se agotan los protocolos legales establecidos en tratados comerciales.

Hasta el momento, las autoridades del Gobierno central no han emitido una declaración formal sobre el mecanismo que utilizarán para ejecutar el pago tras este fallo en la corte federal de Washington.


Corte de Distrito de los Estados Unidos / Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

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