El presidente Luis Abinader otorgó una pensión mensual de RD$90,000 a Wanda Altagracia García Rondón de Pimentel, mediante el decreto 45-26, reabriendo el debate sobre el uso de fondos públicos en casos vinculados a cuestionamientos administrativos. Un beneficio en medio de controversia? La exfuncionaria fue destituida de su cargo en el Acuario Nacional tras múltiples denuncias relacionadas con nepotismo, irregularidades en contrataciones y manejo cuestionado de recursos. Las investigaciones, impulsadas por la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas y la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental, identificaron prácticas como designaciones familiares, pagos irregulares y adjudicaciones a empresas sin experiencia comprobada. Hallazgos clave Entre los aspectos más señalados figura el nombramiento de su yerno como asesor tecnológico, quien posteriormente habría estado vinculado a empresas beneficiadas por contratos dentro de la institución. El caso tomó mayor relevancia pública luego de ser expuesto en una investigación periodística de Nuria Piera. Decisión que reabre el debate La asignación de una pensión estatal en este contexto ha generado cuestionamientos sobre los criterios utilizados para otorgar este tipo de beneficios, especialmente en casos donde existen antecedentes de señalamientos administrativos. El tema vuelve a colocar sobre la mesa la discusión sobre transparencia, responsabilidad pública y el uso de recursos del Estado. Navegación de entradas EE.UU. elimina sanciones a Delcy Rodríguez y flexibiliza su política hacia Venezuela Indignación ciudadana tras arresto de coronel Fausto Madé por caso de agresión
