El Parlamento de Portugal aprobó una reforma legislativa que prohíbe los tratamientos de cambio de sexo en menores de 18 años y elimina la ley de autodeterminación de género vigente desde 2018.

La nueva normativa introduce un cambio significativo en la legislación portuguesa, al establecer que los menores no podrán acceder a procedimientos relacionados con la transición de género.

Además, la reforma deroga la ley que permitía modificar la identidad legal basándose únicamente en la voluntad personal, sin necesidad de evaluaciones médicas o psicológicas.

Con esta modificación, el Estado portugués restablece los criterios clínicos como requisito obligatorio para cualquier proceso de reconocimiento legal de la identidad de género, lo que implica la intervención de profesionales del ámbito sanitario.

El cambio ha generado debate en sectores políticos y sociales, debido al impacto que representa en los derechos relacionados con la identidad de género y el enfoque adoptado en los últimos años en el país.

Portugal entra así en una nueva etapa legislativa en esta materia, priorizando nuevamente el respaldo médico sobre la autodeterminación individual.