Hotoniel Bonilla asegura que la entrada en vigencia del Código Penal debe aplazarse por contradecir criterios fijados por el TC y la jurisprudencia sobre libertad de expresión

CONFLICTO JURÍDICO: LA FUERZA DEL PUEBLO ADVIERTE QUE LA NORMATIVA LEY NÚM. 74-25 PODRÍA INSTRUMENTALIZARSE COMO MECANISMO DE CONTROL POLÍTICO Y RESPALDA AMPLIAR LA VACATIO LEGIS

SANTO DOMINGO.– En medio del intenso debate nacional sobre la reforma del sistema judicial, el secretario de Justicia de la Fuerza del Pueblo (FP) y exfuncionario del Ministerio Público, Hotoniel Bonilla, respaldó de manera formal la solicitud de múltiples sectores sociales para posponer la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, pautada institucionalmente para el próximo 3 de agosto de 2026.

El jurista y dirigente político alertó que el texto actual de la legislación incurre en contradicciones directas con los criterios vinculantes dictados por el Tribunal Constitucional (TC) y la jurisprudencia nacional e internacional en materia de libertad de expresión, lo que representaría un riesgo potencial para el ejercicio del periodismo y la fiscalización ciudadana.

Advertencias sobre el control político y la intolerancia oficial

Bonilla desglosó los puntos críticos que, según la Secretaría de Justicia de la organización opositora, amenazan la estabilidad del Estado de derecho:

• Riesgo de Instrumentalización: Señaló con preocupación que la nueva redacción de los tipos penales referidos a la protección del honor podría ser utilizada de forma maliciosa por el poder político como una herramienta de coacción o censura previa contra quienes denuncien el accionar de los funcionarios públicos.
• Quebrantamiento Constitucional: Argumentó que las modificaciones de último minuto incorporadas en la Ley núm. 74-25 suponen una amenaza real a las garantías fundamentales de los ciudadanos, vulnerando el bloque de constitucionalidad que rige la República Dominicana.
• Clima de Intolerancia: El portavoz judicial de la FP denunció que en la coyuntura política actual se evidencian rasgos de intolerancia gubernamental hacia la opinión disidente, lo que incrementa el peligro de abrir las puertas a persecuciones judiciales con fines de control social.

“Alertamos sobre el uso que pueda dársele como mecanismo de control político y social mediante la amenaza de la acción penal, instrumentalizando así al sistema de justicia, lo que incidiría en el debilitamiento del Estado de derecho y de los principios que rigen el sistema democrático”.

— Hotoniel Bonilla, Secretario de Justicia de la Fuerza del Pueblo.

Respaldo a la propuesta de la FINJUS y sectores académicos

El secretario de Justicia de la Fuerza del Pueblo ponderó de forma positiva las posturas de entidades de la sociedad civil, haciendo mención explícita a la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS). Calificó como "oportuna y necesaria" la petición de dicha institución para extender formalmente el período de vacatio legis (la ventana de tiempo entre la publicación de la ley y su aplicación obligatoria).

De acuerdo con Bonilla, una prórroga técnica es la única vía viable para someter la pieza legislativa a un examen integral y multidisciplinario. Este proceso permitiría que la comunidad jurídica, el sector académico, los medios de comunicación y los propios operadores del sistema de justicia (jueces, fiscales y defensores) concilien las tensiones normativas, preserven la seguridad jurídica y garanticen un clima de convivencia pacífica antes de la ejecución definitiva de las sanciones del nuevo código.

Ficha Técnica: Objeciones Técnicas al Código Penal (Junio 2026)

Sección de Asuntos Legalles, Derecho Penal y Garantías Constitucionales. Santo Domingo, República Dominicana. – Lunes 29 de junio de 2026. Reporte informativo de análisis estructurado a partir de los documentos institucionales emanados de la Secretaría de Justicia de la Fuerza del Pueblo (FP), las gacetas oficiales de la Ley núm. 74-25 del Congreso Nacional y los archivos de jurisprudencia constitucional correspondientes al año fiscal 2026.