SANTO DOMINGO — El Ministerio Público ha depositado la solicitud de medida de coerción contra el fiscal Aurelio Valdez Alcántara, revelando un presunto esquema de extorsión y soborno que incluye exigencias de altas sumas de dinero, relojes Rolex y vehículos de alta gama. El expediente detalla cómo el imputado habría utilizado su cargo para presionar a un testigo clave del caso de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa).

Según el órgano acusador, la investigación se consolidó mediante una entrega controlada de dinero debidamente filmada y vigilada por las autoridades.

Exigencias: "Mercedes Benz, no Volvo ni Mazda"

El documento de acusación sostiene que Valdez Alcántara no solo buscaba beneficios económicos, sino que mantenía estándares específicos para sus sobornos. Entre las peticiones documentadas figuran:

  • Efectivo: Una exigencia inicial de US$200,000, que luego fue negociada a US$150,000.
  • Vehículos: El fiscal habría exigido un Mercedes Benz 350 o 450 negro, rechazando explícitamente marcas como Volvo o Mazda por considerarlas "más económicas".
  • Lujo: Mostró un interés particular en la entrega de un reloj de la marca Rolex.

El operativo de captura (Entrega Controlada)

La investigación detalla dos encuentros clave que sirvieron para recolectar evidencias:

  1. 13 de marzo: Encuentro en las inmediaciones de Plaza Lama (27 de Febrero con Jiménez Moya), donde el fiscal habría propuesto "alterar el proceso" a cambio de los beneficios.
  2. 27 de marzo (El arresto): Se pactó una reunión en el parqueo del cuarto nivel de Bella Vista Mall. Bajo vigilancia del Ministerio Público y la Policía Nacional, el testigo Roberto Canaán entregó una suma de dinero.

"Tras el encuentro, las autoridades interceptaron el vehículo del fiscal en la calle Pedro Antonio Bobea. Durante la requisa en el área del sunroof, fueron encontrados 100 billetes de 100 dólares (US$10,000) marcados."Expediente del Ministerio Público.


Nexo con el caso Senasa

Aurelio Valdez Alcántara está acusado de utilizar información privilegiada sobre los bienes del testigo para ejercer coacción continua mediante llamadas telefónicas. Este caso se desprende de las investigaciones principales sobre el presunto desfalco millonario en el Senasa, donde el imputado debía actuar como representante de la ley y no como parte interesada.

El Ministerio Público solicita prisión preventiva como medida de coerción, alegando la gravedad de los hechos y el riesgo de obstrucción de la justicia dada la posición que ostentaba el acusado.


Expediente de Solicitud de Medida de Coerción, Ministerio Público de la República Dominicana.

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